¿Por qué no funcionan las políticas activas de empleo en España?

Como lo he venido comentando en mis redes sociales en base a la información que nos aporta la OCDE en materia de empleo, mes a mes, España destaca lamentablemente en la primera posición del desempleo entre los países miembros de la organización. Esto no es ni una maldición o cuestión de "mala suerte", sino todo lo contrario, delata los pírricos esfuerzos en esta área y las políticas activas de empleo son el ejemplo.

Basándome en el análisis del mercado laboral mediante la extracción de datos estadísticos encontramos cómo los servicios públicos de empleo encargados de llevar a cabo las políticas activas de empleo no tienen el rendimiento que habría de esperar por su parte. Usando un lenguaje técnico de las políticas públicas sectoriales, concretamente las de empleo, encontramos dos tipos de políticas muy importantes que forman parte de la acción pública tomada por las administraciones, las activas y las pasivas. El propio nombre ya de por sí nos da una idea sobre qué o en qué son o consisten este tipo de políticas. Las pasivas para mis queridos lectores que estén poco habituados a estas palabras, consisten básicamente en las que se refieren a las prestaciones por desempleo como lo que comúnmente le llaman en España “cobrar el paro”, mientras que las activas corresponden a todas aquellas acciones de las administraciones que ponen en marcha programas para la consecución de los objetivos de empleo como son, por ejemplo, el de insertar a las personas desempleadas en el mercado laboral. En este ámbito España ha hecho poco o nada (sobresaliente) de acuerdo a toda la información que tenemos a nuestro alcance. La OCDE ha venido recomendándoles a los responsables públicos los ajustes necesarios señalando las carencias existentes en el mercado laboral. Un ejemplo sobre cómo el rendimiento es muy pobre (por no decir mediocre), lo encontramos en el funcionamiento de estas políticas. En primer lugar, debe quedar claro que las políticas activas las desarrollan las Comunidades Autónomas por instrucción de la legislación española que delega estas competencias en instituciones como son las agencias, por ejemplo, el Servicio Andaluz de Empleo (mejor conocido por su acrónimo como SAE) en el caso de Andalucía.

Los datos sobre cómo la intermediación laboral por parte de los servicios públicos logran que una persona desempleada consiga un empleo respecto al resto de métodos de búsqueda corresponden al 2 %. Ese es el porcentaje sobre su protagonismo y aportación para la consecución de un empleo para los asalariados. Esto significa que los programas de empleo no están siendo por un lado efectivos y por el otro, rigurosamente supervisados para modificar lo que sea necesario. Llevar un eficaz seguimiento de los desempleados en su búsqueda y la co - participación activa debería ser un imperativo. Cada trimestre los órganos gestores deberían  dar cuentas (de forma pública) sobre cuáles son los resultados sobre los desempleados cómo podrían ser, qué barreras están encontrado a la hora de buscar un empleo, qué les está dificultando para el acceso a uno, etc., y a quiénes sí han podido ayudar a su inserción en el mercado de trabajo (asignados por una base de datos con información exhaustiva sobre el perfil del desempleado), y si no fuese así, deberían existir consecuencias presupuestales y organizativas.

Actualmente no existen diseños dinámicos para la búsqueda de empleo como podrían ser modelos de networking entre desempleados y los que ofrecen los puestos de trabajo de acuerdo a sus sectores profesionales. Los servicios públicos de empleo deben ser organizaciones que verdaderamente compitan, (pueden mirar experiencias de países exitosos en una rápida colocación como es el ejemplo del Reino Unido), con el resto de métodos de búsqueda de empleo, ofrezcan soluciones y dejen de ser únicamente controladores de citas y de altas administrativas de desempleo ya que de lo contrario, España seguirá mes a mes siendo el país con la mayor tasa de desempleo del mundo desarrollado.