Eutanasia y su debate secuestrado

 

A punto de finalizar este terrible año donde la humanidad se ha visto en una situación tan dramática, quizá similar a lo pasado al finalizar las guerras mundiales, todo por un ser invisible al ojo humano que durante estos meses del 2020 nos ha dejado imágenes trágicas que transmitían los medios de comunicación como son las altas cifras de fallecidos, hospitales desbordados y una debacle de las economías mundiales,  y es en este contexto que no deja de ser paradójico el caso de España que mientras su sistema de salud lucha contra este virus para salvar “vidas”, al mismo tiempo esté a punto de aprobar una ley que regula la eutanasia.

Recta final en su trámite parlamentario después de su aprobación por el Congreso de los Diputados en España de la «Proposición de Ley Orgánica de regulaciónde la eutanasia», que parte rumbo al Senado para el procedimiento de las enmiendas, que por supuesto no habrá, y por lo tanto, para su aprobación. Esta futura ley constituida en la polémica tanto en el fondo como en las formas sobre la manera en la que se ha concebido por tratarse de un asunto que afecta al principal derecho al que cualquier persona es acreedora, “la vida” y sus etapas, es la base por la cual la Constitución española lo recoge y establece jerárquicamente como el primero (artículo 15). Cuando esta se redactó, se entendió que la vida es el derecho fundamental sobre el que se sostienen y otorgan todos los demás derechos por ello su reconocimiento para que fuese el primero de los derechos ubicados dentro del nivel máximo de protección.

Bajo mi punto de vista, es una ley inicua porque desde su origen y su planteamiento sobre todo por el asunto que trata, demasiado serio por su objeto que no es otra cosa que el de ayudar a morir a las personas, se ha visto cómo por parte de sus autores se ha eludido la opción de un debate profundo e introduciendo a mi parecer un pseudoderecho que es “el derecho a morir”,  logrando que todos los actores implicados que debieron ser escuchados y estar presentes no lo estuvieran. Este tipo de leyes por los temas tan delicados que contienen deben siempre tener un amplio respaldo político y social y por eso, esta opción no contó en detrimento de los intereses de los parlamentarios ya que seguramente tendrían enfrente argumentos legítimos de distintas esferas y dimensiones que dejarían al desnudo una ley que tiene poco de ayuda al que realmente lo necesita. Se les ha negado a las voces que son contrarias a la ley a entrar en un debate y poner frente al argumentario eutanásico, los distintos elementos (complejos) que gravitan sobre esta forma de proceder de diferente naturaleza como son de tipo filosóficos, antropológicos, religiosos, éticos, sociológicos, jurídicos, científicos, etc. El progreso social no se construye de esta manera.

El Comité de Bioética de España (uno de los actores a los que no se ha escuchado) difundió a través de una nota de prensa las conclusiones de su informe que trata sobre la eutanasia y señala que “existen sólidas razones sanitarias, éticas, legales, económicas y sociales, para rechazar la transformación de la eutanasia y/o auxilio al suicidio en un derecho subjetivo y en una prestación pública…”. 

Ejemplo fidedigno del debate secuestrado por los parlamentarios.

La inversión pública en áreas científicas para el tratamiento de distintas enfermedades, las políticas públicas en materia sanitaria y la legislación que las sustentan, deben estar diseñadas y orientadas a procurar el bienestar de las personas y a su salud, a contribuir a que su calidad de vida sea la mejor posible y en el caso del final de esta ante una lamentable situación como sería una enfermedad, la respuesta debe ser integral, es decir, que contenga todos los apoyos económicos, médicos, pero, sobre todo y fundamental,  el de tipo humano. El contenido de este último debe ser el cariño, la protección, la compasión y el servicio de ayuda para el que más lo necesita. El Estado y la innovación social que ejerza en su sociedad, debe encaminarse a mejorar siempre la situación de la vida de los miembros de su comunidad política pero no a través de búsqueda de soluciones que se reduzcan a que alguno de ellos elija o el peor de los casos, le elijan como solución la muerte. Esa no es una solución.

Mi posicionamiento personal es en contra de esta ley y las trampas que contiene.

Imagen: Imagen de Lolame en Pixabay